La aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos supuso un hito de gran transcendencia en el proceso de modernización tecnológica en el que se encuentran inmersas las Administraciones Públicas. Sin embargo, el referido proceso se está articulando en gran medida a partir de una concepción de la Administración Pública basada en las garantías propias de las relaciones presenciales y la gestión documental en soporte papel, de manera que fundamentalmente se ha tratado, salvo excepciones muy destacadas, de adaptar las garantías jurídicas formales aquilatadas durante siglos a las singularidades que ofrece la tecnología. Sin embargo, no se ha planteado de forma abierta un debate acerca de las enormes posibilidades de modernización y, sobre todo, innovación que permiten las herramientas disponibles hoy en día.
Durante las jornadas sobre Retos jurídicos de la innovación tecnológica en las Administraciones Públicas, más allá del actual modelo burocrático de corte electrónico consagrado en la Ley 11/2007 y las disposiciones que la desarrollan, se pretenden explorar las implicaciones jurídicas del proceso de innovación y apertura que se está reclamando socialmente a las Administraciones Públicas, de manera que cumplan satisfactoriamente con el mandato constitucional de servicio a los intereses generales de acuerdo con las exigencias y posibilidades que la tecnología ofrece para hacer efectivos los principios de eficacia, eficiencia y participación.